El surgimiento y la consolidación de las profesiones modernas como la Educación Social está vinculado al desarrollo del Estado de Derecho (social y democrático), el Estado de Bienestar y las aspiraciones europeas de consolidar un Estado de Justicia Social. Nuestro modelo de Estado delimita y condiciona la existencia y desarrollo de una profesión como la Educación Social, y propicia la aplicación de políticas sociales y educativas que impulsan la empleabilidad y profesionalización de los educadores sociales. La ley otorga al Estado el Derecho la posibilidad de intervenir directamente en el control de las condiciones sociales de su país, con el fin de contribuir a su mejora, desarrollo y progreso y le insta a garantizar, para todo ciudadano, el cumplimiento de ciertos derechos sociales y educativos que configuran las condiciones para una vida digna de las personas, grupos y colectivos, que conforman su población.
Las políticas de bienestar se conforman como un espacio de gestión colectiva de los múltiples ejes de desigualdad que surcan la esfera pública de las sociedades avanzadas. El Estado de Bienestar conlleva responsabilidades a la hora de asegurar los mínimos básicos de protección social a todos sus ciudadanos. El sector público se presenta en este modelo con una clara importancia ya que actúa como prestador de importantes servicios a la ciudadanía a través de la política social.
Es en este espacio de necesidades y demandas ciudadanas en el que los educadores sociales trabajan, atendiendo al siguiente supuesto: La educación social como una necesidad básica –no sólo para los grupos de excluidos o vulnerables- reconocida como un derecho de todos los sujetos por su condición de ciudadanos en un Estado Social de Derecho. La obligación de las políticas sociales y educativas a proveerlo y dar cuenta de ese derecho es la elevación de esa necesidad de educación a la categoría de derecho de ciudadanía, lo que impulsa a los Estados y a las sociedades a garantizarlo debidamente.
En definitiva, se vislumbra la importancia que, en el proceso de profesionalización de los educadores sociales, ha tenido y sigue teniendo, el Estado de Derecho y las aspiraciones a un Estado de Bienestar y de Justicia Social. El Estado que ha promovido el reconocimiento de la titulación de Educación Social, además de dotar a la sociedad de las instituciones e instrumentos en los que sus profesionales encuentran su razón de ser: las políticas sociales y educativas, así como su concreción en los servicios sociales básicos y especializados, en los sistemas educativos y de formación a lo largo de la vida. A través de las políticas sociales se concretan objetivos similares en los distintos países, tales como hacer realidad la igualdad de oportunidades, combatir la pobreza y lograr cotas de calidad de vida más altas y justas. Para alcanzar estos objetivos son necesarias estrategias que redistribuyan recursos y bienes de modo más equitativo, así como profesionales que lleven a cabo estas tareas.
Este es el marco general en el que la Titulación de Educación Social, y el consecuente desarrollo de la figura profesional, encuentran su legitimidad, pertinencia y oportunidad a la hora de titular a futuros profesionales que desarrollarán sus funciones y competencias en una cantidad ingente y creciente de recursos, equipamientos y equipos multiprofesionales que encuentran acomodo en el desarrollo de las políticas sociales, culturales y del bienestar ciudadano.