José Guillermo Rodríguez Sánchez de la Nieta, Universidad de Castilla-La Mancha y Juan José Rubio Guerrero, Universidad de Castilla-La Mancha

El Consejo de Ministros del Gobierno de España acaba de aprobar el martes el Anteproyecto de Ley de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera para las Comunidades Autónomas de Régimen Común, lo que permitirá mutualizar 83 252 millones de euros de deuda autonómica. La propuesta de condonación (el dinero pendiente de pago por parte de las comunidades autónomas pasa a ser deuda estatal), presentada el pasado febrero, parte del reconocimiento del impacto de la crisis financiera entre 2010 y 2013 en el sobreendeudamiento autonómico.

La situación actual de la deuda autonómica

El estado de la deuda autonómica, según los últimos datos disponibles, es cuanto menos preocupante. Las comunidades de régimen común aglutinan 324 000 millones de euros de deuda, de los cuales el 65 % está en manos del Estado. Cataluña (89 700 millones), Comunidad Valenciana (60 368) y Andalucía (40 490) concentran más de la mitad del endeudamiento total, acompañadas por Madrid (39 651), aunque esta última con una evolución más contenida.

El contraste más llamativo está en la evolución: Murcia ha disparado su deuda más de un 300 % desde 2012, seguida por la Comunidad Valenciana, Extremadura y Andalucía, todas muy por encima de la media. En cambio, Galicia, Canarias o Baleares han mantenido un endeudamiento mucho más controlado. Estos datos muestran que el problema no es homogéneo: algunas regiones arrastran un sobreendeudamiento estructural, mientras que otras han gestionado con mayor disciplina. De ahí que la condonación tenga efectos tan desiguales según el territorio.

Los mecanismos adicionales de financiación autonómica han canalizado desde 2012 más de 439 000 millones de euros, de los que aún quedan por devolver unos 210 000. Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía concentran casi el 70 % de estos recursos, lo que explica su elevada dependencia del Estado: en su caso, más del 80 % de la deuda está en manos del Tesoro. En contraste, comunidades como Galicia, Canarias o Castilla y León apenas han recurrido a esos instrumentos. Madrid es la excepción, con un 0 %, gracias a su mayor capacidad de acudir a los mercados.

El saldo vivo pendiente de devolución refleja esa brecha: Cataluña debe todavía casi 80 000 millones y la Comunidad Valenciana más de 54 000. En definitiva, los datos confirman que la condonación no solo alivia cuentas autonómicas, sino que también redistribuye riesgos entre territorios, beneficiando especialmente a quienes más dependieron del auxilio financiero del Estado.

El resultado de la condonación

El artículo 13 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera reconoce implícitamente que las comunidades de régimen común deberían tener un porcentaje de deuda del 13 % de su producto interior bruto (PIB). A marzo de 2025, solo Canarias, Navarra y el País Vasco cumplen esta premisa, mientras que la Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla-La Mancha y la Región de Murcia tienen porcentajes por encima del 30 % de su PIB.

La propuesta de condonación, que consta de tres fases, es asimétrica y beneficia especialmente a las comunidades de Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana, con 23, 21 y 13 % respectivamente del total condonado. Andalucía, Asturias, Galicia, La Rioja, Madrid, Canarias, Navarra y País Vasco entrarían en porcentajes de deuda plenamente válidos para endeudarse en los mercados financieros.

Por contra, la Comunidad Valenciana (35 % de deuda sobre su PIB tras la condonación), Cataluña (26 %), Región de Murcia (25 %) o Castilla-La Mancha (21 %) necesitarían ajustes adicionales para poder financiarse en los mercados financieros en el corto plazo.

Al comparar la ratio deuda/PIB antes y después de la condonación se aprecia que la reducción media del 7 % no basta para garantizar que todas las comunidades puedan financiarse sin problemas en los mercados. La Comunidad Valenciana, con un 35 % de deuda sobre su PIB incluso tras la quita, seguirá en una situación de vulnerabilidad financiera, lo que apunta a que serán necesarias medidas adicionales de disciplina fiscal, o una reforma más profunda del sistema de financiación autonómica. Este dato contrasta con comunidades como Andalucía o Galicia, que, gracias a la condonación, logran situarse en niveles considerados aceptables por los organismos supervisores.

Ganadores y perdedores

Es evidente que las comunidades de régimen común tienen un problema importante con su deuda. Por ello, la propuesta de condonación significará un alivio financiero importante para todas ellas. Sin embargo, la deuda pública no desaparece, se reparte. Es decir, en términos absolutos, encontramos ganadores y perdedores.

Antes de la condonación, la deuda per cápita se situaba en torno a 7 021 euros de media. Tras la operación, comunidades como Castilla-La Mancha (-509 €), Cataluña (-294 €), Comunidad Valenciana (-249 €) o Andalucía (-359 €) ven reducida la carga de sus habitantes, lo que supone un alivio directo en términos de sostenibilidad financiera.

Sin embargo, en territorios como Madrid (+594 €), La Rioja (+436 €) o Cantabria (+414 €), la deuda per cápita aumenta, ya que asumen parte del esfuerzo solidario. El contraste es evidente: mientras un castellanomanchego se libera de más de 500 euros de deuda, un madrileño soporta casi 600 euros adicionales. Esto ilustra que la condonación no elimina deuda, sino que la redistribuye, generando percepciones de ganadores y perdedores.

En clave divulgativa, puede decirse que la medida funciona como una mutualización: se aligera la mochila de quienes más pesada la tenían pero a costa de que otros carguen con un poco más en las suyas.

El ahorro de intereses

El reparto del ahorro en intereses refleja también la desigualdad territorial de la condonación. Aunque todas las comunidades se benefician en mayor o menor medida, las diferencias son notables: algunas logran un respiro financiero considerable mientras que otras apenas perciben impacto.

La condonación de deuda permitirá ahorrar 6 700 millones en intereses, concentrados en la Comunidad Valenciana y Cataluña, mientras que regiones como Canarias, Galicia o Asturias apenas percibirán alivio. En definitiva, los datos confirman que la condonación no solo reduce la carga financiera, sino que reabre el debate sobre la equidad del reparto y la necesidad de una reforma del sistema de financiación autonómica.

Una propuesta alternativa

La condonación de deuda no afecta por igual a todas las comunidades autónomas. Todo depende del criterio con el que se reparta: si se sigue la propuesta del Gobierno, si se distribuye de manera estrictamente per cápita o si se aplica la fórmula de población ajustada que se utiliza en el sistema de financiación autonómica.

Según la propuesta aprobada por el Consejo de Ministros, las comunidades más beneficiadas son Canarias (51 % de su deuda condonada), Andalucía (46 %), Galicia (33 %) y Extremadura (31 %), todas por encima de la media. Sin embargo, si el reparto se realizara de manera estrictamente per cápita, el mapa sería distinto: Asturias alcanzaría un 45 % y Baleares un 27 %, frente al 19 % de Cataluña o el 16 % de la Comunidad Valenciana, que quedarían entre las menos favorecidas.

La fórmula de población ajustada –la que suele emplearse en el sistema de financiación autonómica porque pondera factores como envejecimiento, dispersión geográfica o insularidad– también ofrece un panorama diferente: Canarias subiría hasta un 64 %, mientras que regiones como Murcia o la Comunidad Valenciana apenas superarían el 15 %.

No hay una única manera de medir la justicia del reparto: según el criterio escogido, las comunidades aparecen como más o menos beneficiadas. De hecho, territorios con sobreendeudamiento estructural, como la Comunidad Valenciana, apenas logran un 19 % de quita en la propuesta actual, mientras que otras con menor peso de deuda relativa, como Canarias, se sitúan en lo más alto. Esto explica buena parte del debate político y técnico: lo que para unos es un alivio necesario, para otros puede percibirse como un trato desigual.

José Guillermo Rodríguez Sánchez de la Nieta, Investigador, Hacienda Pública: Federalismo fiscal, Universidad de Castilla-La Mancha y Juan José Rubio Guerrero, Catedrático de Hacienda Pública, Universidad de Castilla-La Mancha

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.